La ocupación ilegal, un reto para administración y justicia.

 

El fenómeno de la ocupación ilegal en España preocupa, cada vez más, porque ni la Administración ni la Justicia terminan de ofrecer una respuesta ágil que resuelva de manera efectiva la problemática que está generando.


Esto afecta directamente a los propietarios, que no logran recuperar con celeridad sus viviendas ya que los procedimientos duran meses e incluso años. Pero también a los ocupas, dada la ausencia de mecanismos eficaces para la absorción de su demanda de vivienda.

Aclarar que existen diferentes tipos de ocupación. La llamada 'okupación', realizada por grupos tildados como antisistema o anticapitalistas, que suele afectar a propiedades públicas o entidades financieras. Y también existe aquella ocupación surgida a consecuencia de la crisis económica que afecta con mayor incidencia a inmuebles de particulares o de empresas constructoras/promotoras. En este caso, la llevan a cabo familias desahuciadas que no pueden acceder al mercado (ni de alquiler ni de compra) o personas irregulares que no cuentan con ayudas sociales y que, mientras las administraciones municipales no les proveen una vivienda social o una solución alternativa, optan por esta opción para proveerse de techo. Éstos han acabado creando un auténtico mercado "secundario" o "paralelo" que ha conllevado el nacimiento de "mafias", que hacen de comisionistas de pisos ocupados, donde, obviamente, los abusos están al orden del día.

Los daños y perjuicios a consecuencia de la ocupación son múltiples: la propia desposesión, la pérdida de rentas de alquiler, la imposibilidad de vender, perdiendo el momento propicio del mercado inmobiliario y, también, podemos añadir que el propietario sigue pagando IBI, comunidad de propietarios y, en ocasiones, los suministros ordinarios. De hecho, muchos ciudadanos se sorprenden al saber que los propios ocupas pueden denunciarlos por coacciones en el caso que la propiedad diera de baja los servicios de agua, luz y gas.

A este hecho, debemos sumarle que, probablemente, los ocupas resultaran ser insolventes. Por lo tanto, es altamente posible que no vayamos a recuperar cantidad alguna que reclamemos como indemnización. Por ello, lo esencial para los dueños es la recuperación de la posesión de la vivienda, minimizando así los efectos dañinos mencionados.

Trabajar conjuntamente

Hoy en día, tanto por la vía penal por delito de usurpación (artículo 245 del Código Penal) como por la civil (artículo 441 del Código Civil), ya sea por demanda de precario (artículo 250.1.4, 7 o 12 LEC) o por acción reivindicatoria (artículo 348 del Código Civil) no se termina de lograr rapidez y eficacia para resolver positivamente esta problemática.

Sostengo que la identificación de los ocupas debería ser más flexible y rápida para que así estos no dilaten expresamente este trámite. Pero también hay que lograr cambios procesales y así regular que se notifique en el momento de su identificación, dándoles un plazo suficiente y urgente para que, en su caso, los ocupas aporten título legítimo, y también se les señale ya la fecha del juicio posterior, así evitaremos dilaciones al no encontrarles para su notificación más adelante. Sin duda alguna es necesario que haya una coordinación efectiva de los juzgados con servicios de atención social para comunicar el procedimiento a fin que provean de vivienda u otras soluciones a las personas con necesidad de vivienda social. De hecho quiero recordar que sigue pendiente la aprobación de proyecto de reforma legislativa "Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil". En esta, además de lo anterior, se intenta agilizar el proceso civil para intentar evitar dilaciones indebidas en los procedimientos para que así el propietario pueda recuperar el inmueble en el menor tiempo posible. El tiempo, como se ha apuntado, es esencial para evitar mayores daños y perjuicios. Finalmente, es necesario eximir de la comisión de delito de coacciones al propietario del bien inmueble, al que se haya desprovisto de su posesión ilícitamente, para que pueda dejar de pagar los gastos ordinarios o los pueda dar de baja y no asumir mayores costes sin enfrentarse a una posible condena pena.

Estamos hablando, claramente, de un campo en el que la administración, la justicia y los colectivos sociales (entre otros) debemos trabajar conjuntamente para conseguir una resolución más efectiva, tanto para garantizar el derecho a una vivienda digna como el derecho a la propiedad privada.

 

Fuente: Expansion

 

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