La morosidad en los alquileres ha subido un 60% durante la crisis.

M. A. SÁNCHEZ VALENCIA La morosidad en los alquileres de la Comunitat Valenciana se incrementó cerca de un 60% desde el inicio de la crisis económica, según las cifras hechas públicas ayer por el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), un registro elaborado con los datos procedentes de los juzgados y de los propios arrendadores. El importe medio de las cantidades adeudadas a finales de 2010 asciende en la Comunitat a 5.981 euros, lo que representa una media de once mensualidades pendientes de pago.
El aumento de la morosidad más elevado entre 2009 y 2010 lo registró la provincia de Valencia, que sufrió un incremento de cerca del 23%, situándose la deuda media en 6.271 euros, según el informe al que ha tenido acceso este periódico.
Según explicó Gustavo Rossi, del grupo Alquiler Seguro, los arrendamientos que se han dejado de pagar han sido los más baratos, "los que denominamos productos de primera necesidad". Estos alquileres se corresponden con los inquilinos de menor poder adquisitivo, que se han visto afectados por la crisis económica y han tenido que realizar una drástica reducción de sus gastos.
"En estos casos -señaló Rossi-, se recorta por la parte más sencilla, que es la de dejar de pagar el alquiler". Según Rossi, suelen transcurrir varios meses desde que se deja de pagar hasta que se produce la orden judicial de desalojo. También señala que de esa manera evitan la entrada en las listas de morosos de las entidades financieras, lo que sucedería si lo que dejan de pagar son los recibos de cualquier servicio -luz, gas, telefonía,..-, unas listas que cierran la puerta a cualquier solicitud crediticia.
Al parecer, la puesta en marcha de los "desahucios exprés" en el año 2009 apenas ha tenido repercusión sobre los arrendamientos fallidos. "La cuestión -según Gustavo Rossi-es que la Administración no ha actuado sobre el problema, sino sobre los síntomas, y así es imposible solucionar nada".
La puesta en marcha de la reforma sin aportar más medios materiales y humanos, con unos juzgados que se encuentran cada vez más colapsados, especialmente en las grandes ciudades, no ha permitido agilizar los procesos. Sólo en localidades más pequeñas, como Murcia, se resuelven en dos o tres meses. En capitales como Valencia, pueden transcurrir más de un año hasta que se produce la resolución judicial de desahucio.